Con fecha 27 de diciembre de 2022 el gobierno del estado aprobó el Real Decreto-ley 20/2022, por el que se aprueba un sexto paquete de medidas para dar respuesta a la evolución de la situación política, económica y social derivada de la guerra de Ucrania y en el contexto de inflación actual.

Por un lado, las medidas aprobadas tienen como objetivo la contención de los precios y, por otro, el apoyo a los ciudadanos y empresas más afectadas en cinco ámbitos principales: energía, alimentación, transporte, industria con consumo intensivo de gas, estabilidad económico-financiera y escudo social. (más…)

El Programa Interreg Sudoe VI-B 2021-2027 fue aprobado el pasado día 13 de diciembre por la Comisión Europea con una ayuda de FEDER de 115,6 millones de euros y un presupuesto total de 154,2 millones de euros.

Por un lado, para este período de programación, la preservación del capital natural del suroeste de Europa y su adaptación al cambio climático; por otro, el fortalecimiento de la cohesión social y el equilibrio territorial y demográfico a través de la innovación y el desarrollo endógeno son los fundamentos de las líneas de actuación.

El Sudoe continuará fomentando la cooperación transnacional en todo el sur- oeste europeo, en países como España (todas las regiones y ciudades autónomas a excepción de las Islas Canarias), Francia (regiones de Nouvelle Aquitaine y Occitanie) y para la región de Auvernia-Rhône-Alps, la antigua región de Auvernia), Portugal (continental) y Andorra (país tercero).

Programa

Aunque queda pendiente de aprobación, probablemente como disposición adicional a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, el gobierno ha anunciado la voluntad de prorrogar, para los ejercicios 2023 y 2024, la posibilidad de que las empresas puedan reequilibrar su situación patrimonial derivada de las pérdidas ocasionadas por la pandemia de la COVID.

Así pues, si finalmente la decisión acaba aprobándose y publicando en el Boletín Oficial del Estado:

• No se considerarán las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 para determinar una sociedad se encuentra en madrigueras de disolución por pérdidas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1 /2010, de 2 de julio).

• La apreciación de la concurrencia de la causa de disolución por pérdidas se realizará al determinar el resultado del ejercicio 2024.

Área Contable-Auditoría

El próximo día 1 de enero de 2023 entra en vigor el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio (y modificado por el Real Decreto-ley 14/2022), por el que se crea el nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos (el RETA), basado en un sistema de cotización acorde con el rendimiento neto y poniendo fin a la libre elección de la base de cotización, vigente hasta ahora por este colectivo.

Las principales novedades del nuevo sistema de cotización en el RETA son:

• Se crean unas tablas de cotización en función de los rendimientos obtenidos en los ejercicios 2023, 2024 y 2025, estableciendo para cada tramo una base mínima y una máxima, dentro de lo que cada autónoma podrá optar.
• El autónomo podrá cambiar hasta 6 veces al año su base de cotización.
• Se establece una tarifa plana para el período 2023-2025 de 80 euros mensuales los 12 primeros meses de alta, que se podrá prorrogar por 12 meses más en as que el rendimiento neto anual sea inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

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El pasado 1 de diciembre se publicaba en el Diario Oficial de la Generalidad de Catalunya la Resolución JUS/3741/2022, de 28 de noviembre, por la que se aprueban los criterios que deben regir el Plan de actuación inspectora de fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública para el año 2023.

De acuerdo con el artículo 336.2.1 del libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, y el artículo 7 de la Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública, el Protectorado debe velar por que se cumplan las finalidades fundacionales, las disposiciones legales y los estatutos de las fundaciones y para que se observe la voluntad fundacional respetando la autonomía de gestión y de funcionamiento de las fundaciones. Esta función básica se desglosa en una serie de funciones específicas, entre las cuales el artículo 10, letra a, de la Ley 21/2014, de 29 de diciembre, incluye la de velar por el cumplimiento efectivo de la voluntad fundacional, de las disposiciones legales y de los estatutos, mediante la verificación de las cuentas anuales y demás instrumentos establecidos por las leyes.

El artículo 23.1 de la Ley 21/2014, de 29 de diciembre, confiere al Protectorado y al Órgano de Supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública el ejercicio de la potestad inspectora. En concreto, el artículo 23.2 enumera una serie de causas de inspección y el artículo 24.1 dispone que el Protectorado y el Órgano de Supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública deben aprobar anualmente un plan de actuaciones inspectoras formulado de acuerdo con unos criterios objetivos que deben hacer públicos. (más…)