El 16 de febrero de 2023, el Congreso aprobó la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (transposición de la Directiva Whistleblowing). Su finalidad principal es amparar a toda persona física que informe sobre alguna de las acciones u omisiones que dicha Ley desarrolla en su artículo 2, como, por ejemplo: “infracciones del Derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, se entiende sin perjuicio de la establecida en su normativa específica.”
También tiene como finalidad el fortalecimiento de la cultura de la información, de las infraestructuras de integridad de las organizaciones y el fomento de la cultura de la información o comunicación como mecanismo para prevenir y detectar amenazas al interés público.
Las empresas con a partir de 250 empleados tenían hasta el 13 de junio de 2023 para implementar un canal de denuncias. El 1 de diciembre de 2023, finaliza el plazo para las empresas con a partir de 50 empleados. (más…)
Se prevé la obligación para todo el sector público de implementar un canal interno de denuncias. Todos los poderes adjudicadores, independientemente de su tamaño, deberán contar con este canal de denuncias.
De la normativa reguladora resulta reseñable poner de manifiesto: